En septiembre de 1998 cinco cubanos, Gerardo Hernández, Ramón Labañino,
Antonio Guerrero, Fernando González y René González, fueron arrestados en Miami
por agentes del FBI. Su misión en los Estados Unidos era monitorear las
actividades de grupos y organizaciones responsables de actividades terroristas
contra Cuba, básicamente en los grupos anticubanos radicados en el sur de la Florida.
Todos fueron acusados del cargo de conspiración contra Estados Unidos. A
tres de ellos, Gerardo, Ramón y Antonio, se les adicionó el cargo de
conspiración para cometer espionaje. El gobierno norteamericano nunca los acusó
de espionaje real, ni afirmó que el mismo hubiese ocurrido. No les fue ocupado
ningún documento clasificado.
Uno de los testigos claves de
la acusación era el General James R. Clapper, un hombre con 32 años de
experiencia en el ejército que trabajó exclusivamente en asuntos de
inteligencia y llegó a convertirse en Director de la Agencia de Inteligencia
para la Defensa
antes de su jubilación. Clapper revisó todos los documentos que el Gobierno
había incautado y al preguntársele en el contra-interrogatorio si “había
encontrado alguna información secreta de defensa nacional que fuera transmitida
(a Cuba),” su respuesta fue, “No, nada que pudiera reconocer.”
A pesar de la enérgica objeción por parte de la
defensa, el caso se llevó a juicio en Miami, Florida, comunidad que alberga a
más de medio millón de exiliados cubanos, con una larga historia de hostilidad
hacia el Gobierno cubano – entorno que una corte federal de apelaciones de
Estados Unidos describiría más tarde como una “tormenta perfecta” de
prejuicios, que impidió en este caso la realización de un juicio justo. Cada
uno de los 12 miembros del jurado seleccionado para juzgar el caso, y que
expresaron una opinión acerca del Gobierno Cubano, fue hostil. Los tres
posibles jurados que expresaron neutralidad acerca de Cuba fueron
descalificados por el gobierno.
El juicio duró más de seis meses, convirtiéndose en el más largo en
Estados Unidos hasta ese momento. Más de 119 volúmenes de testimonios y 20 000
páginas de documentos fueron compilados, incluyendo el testimonio de tres
generales retirados del ejército, un almirante retirado, el ex asesor del
Presidente Clinton para asuntos cubanos, quienes coincidieron en que no existía
evidencia de espionaje.
Siete meses después de la acusación inicial se
adicionó un nuevo cargo a Gerardo Hernández: conspiración para cometer
asesinato, como resultado de una intensa campaña pública con la intención de
vengar el derribo por parte de la Fuerza
Aérea Cubana de dos avionetas de un grupo anticastrista y las
muertes de sus cuatro ocupantes, hechos que tuvieron lugar el 24 de febrero de 1996.
Las avionetas pertenecían a una organización que en los 20 meses anteriores al
incidente del derribo había penetrado el espacio aéreo cubano 25 veces, lo cual
había sido objeto de protestas reiteradas por el gobierno de Cuba. El derribo
tuvo lugar después de las advertencias oficiales a Estados Unidos de que a
partir de ese momento el espacio aéreo cubano sería defendido.
Al final del juicio, cuando el caso estaba a punto de ser presentado al
jurado para su consideración, el gobierno reconoció por escrito, a través de una
“Petición de Emergencia” que había fracasado en probar el cargo de conspiración
para cometer asesinato impuesto a Gerardo Hernández, alegando que “a la luz de
las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable
para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la
acusación en este cargo”.
El jurado, no obstante, encontró culpables, tanto a Gerardo como a sus
cuatro compañeros, de todos los cargos después de haber sido puesto bajo una
intensa presión por parte de los medios de prensa locales.
Después
de solicitar las sanciones más severas, la Fiscalía introdujo ante el Tribunal su teoría de
la “incapacitación”: a los acusados además de las excesivas condenas se les
impondrían restricciones muy específicas después de que fueran liberados.
La
jueza aceptó la solicitud que le hizo el Gobierno y en las sentencias dictadas
contra René González, condenado a 15 años y Antonio Guerrero, condenado a
cadena perpetua más 10 años, ambos ciudadanos norteamericanos por nacimiento,
incluyó las restricciones en los siguiente términos: René debería cumplir 3
años de libertad supervisada en territorio supervisada, luego de su salida de
prisión y Antonio debería cumplir 5.
CONDENAS
INICIALES:
Ø
Gerardo
Hernández: dos cadenas perpetuas más 15 años.
Ø
Ramón
Labañino: una cadena perpetua más 18 años.
Ø
Antonio
Guerrero: una cadena perpetua y 10 años (más 5 años de
libertad supervisada en territorio estadounidense).
Ø
Fernando
González: 19 años.
Ø
René
González: 15 años (más 3 años de libertad supervisada en
territorio estadounidense).
EL PROCESO DE APELACIÓN
En marzo de 2004, se inicia el
proceso de apelación y 3 jueces de la
Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta se
encargan de analizar los argumentos apelativos de ambas partes; estudiaron las
actas y materiales relacionados con el caso, etc.
En medio del proceso de apelación, el
27 de mayo de
2005, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones
Arbitrarias, después de estudiar los argumentos presentados tanto por la
familia de los Cinco como por el gobierno de Estados Unidos, determinó que su
privación de libertad era arbitraria y exhortó al gobierno de Estados Unidos a
tomar las medidas necesarias para rectificar esa arbitrariedad.
El Grupo de Trabajo manifestó
que, basado en los hechos y las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo
el juicio, la naturaleza de los cargos y la severidad de las sentencias, la
privación de libertad de los Cinco viola el Artículo 14 de la Convención Internacional
sobre Libertades Civiles y Políticas, de la cual Estados Unidos es signatario.
Nunca antes el Grupo de
Trabajo sobre Detención Arbitraria ha denunciado como arbitraria la privación
de libertad en un caso juzgado en Estados Unidos debido a violaciones cometidas
durante el proceso legal.
La falta de pruebas para
sustentar las dos principales acusaciones – conspiración para cometer espionaje
y conspiración para cometer asesinato en primer grado- y la imposición de
condenas de cadenas perpetuas, completamente irracionales e injustificables,
constituyó a lo largo de todo el proceso de apelación otro argumento clave de la Defensa para explicar la
arbitrariedad del proceso.
El 9 de agosto de 2005, los
tres jueces revocaron los veredictos de culpabilidad de los Cinco, al
considerar que no tuvieron un juicio justo en Miami.
En una acción que como norma sólo se ejerce en casos donde estén en
juego principios constitucionales, el Gobierno solicitó a los doce jueces de la Corte de Apelaciones revisar
la decisión del panel de los tres jueces, en un procedimiento llamado “en
banc”. Exactamente un año después,
el 9 de agosto de
2006, el pleno de la
Corte revocó por mayoría la decisión unánime de los tres
jueces originales.
El 2 de septiembre de 2008 la Corte de Apelaciones de
Atlanta ratificó los veredictos de culpabilidad de los Cinco. Ratificó las
sentencias de Gerardo Hernández y René González, y anuló las sentencias de
Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino, por considerarlas
incorrectas, enviando nuevamente a la
Corte de Distrito de Miami los casos de estos tres últimos
para ser re-sentenciados.
En esa ocasión la Corte de Apelaciones en pleno reconoció que no existía evidencia alguna de que hubo
obtención ni transmisión de información secreta o de defensa nacional en el
caso de los acusados del cargo de conspiración para cometer espionaje.
El 30 de enero de 2009 se presentó a la Corte Suprema de
Estados Unidos la solicitud para que aceptara revisar el caso.
El 6 de marzo fueron presentados ante la Corte Suprema de los
Estados Unidos 12 documentos de amigos de la Corte (amicus
curiae brief), en apoyo a la petición presentada por la defensa de los
Cinco para que la Corte
reexaminara el caso. Se trata de una cantidad que constituye un
hecho sin precedentes ya que representa el mayor número de amicus que se haya
presentado hasta ese momento ante el máximo órgano judicial norteamericano para
la revisión de un proceso penal.
En mayo, el Gobierno de Estados Unidos presentó a la Corte Suprema su
oposición a que aceptara revisar el caso de los Cinco. Esto evidencia una vez
más que se trata de un caso político, y que pasa por el diferendo entre Cuba y Estados
Unidos.
El 15 de junio la Corte Suprema de
Estados Unidos anunció, sin más explicaciones, su decisión de no revisar el
caso de los Cinco cubanos a pesar de los sólidos argumentos esgrimidos por los
abogados de la defensa ante las evidentes y múltiples violaciones legales
cometidas durante todo el proceso.
Desconocieron asimismo, el universal respaldo a
esta petición y a los Cinco, expresado a través de los “amigos de la Corte”, entre los cuales
sobresale el apoyo de:
10 Premios Nobel entre los que figuran el Presidente de Timor Leste,
José Ramos Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchu, José Saramago, Wole
Soyinka, Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass, Darío Fo y Mairead
Maguire; el Senado de México en pleno; la Asamblea Nacional
de Panamá; Mary Robinson, presidenta de Irlanda (1992-97) y Alta Comisionada de
Derechos Humanos de Naciones Unidas (1997-2002), y el ex Director General de la UNESCO, Federico Mayor.
A ellos se sumaron cientos de
legisladores de todo el mundo entre los que se encuentran 75 miembros del
Parlamento Europeo, incluyendo dos ex Presidentes y tres actuales
vicepresidentes de ese órgano legislativo así como numerosas asociaciones de
abogados y de derechos humanos de diferentes países de Europa, Asia y América
Latina, personalidades internacionales y organizaciones legales y académicas de
Estados Unidos.
Con esta decisión del Supremo
se agotaron en la práctica los recursos legales para apelar el fallo de la Corte de Atlanta que
ratificó sus veredictos de culpabilidad.
El 13 de octubre de 2009 tuvo
lugar en la Corte
de Distrito de Miami la audiencia de re-sentencia de Antonio Guerrero. En el
curso de la misma la propia Jueza que en diciembre de 2001 le había impuesto la
sentencia de una cadena perpetua más 10 años, se vio obligada a admitir que en
el caso de Antonio no existía evidencia ni de obtención ni de transmisión de
información secreta. No obstante, le
impuso la injusta sentencia de 21 años y 10 meses en prisión más 5 años de
libertad supervisada. Al justificar ante la Jueza su solicitud de una condena menor para
Antonio el Gobierno reconoció el impacto que ha tenido la campaña mundial de
solidaridad a favor de los Cinco: “Este es un caso que ha generado
una gran polémica y clamor en todo el mundo”.
El 8 de diciembre de 2009 tuvo
lugar la audiencia de re-sentencia de Fernando González y Ramón Labañino. La
sentencia original de Fernando (19 años) fue modificada a 17 años y 9 meses en
prisión, mientras la de Ramón (1 cadena perpetua más 18 años), fue reducida a
30 años en prisión.
El 14 de junio de 2010 fue
presentada en la Corte
Federal de Miami la apelación colateral (también conocida en
Estados Unidos como habeas corpus) a nombre de Gerardo Hernández Nordelo. Este
es el último recurso legal para él.
La presentación cuestiona todos los aspectos de la condena y
la sentencia de Hernández. Se concentra principalmente en dos puntos:
En primer lugar, el cargo más grave contra Gerardo –
conspiración para cometer asesinato – carece de cualquier base de hecho. El
cargo está relacionado con el derribo de las dos avionetas de Hermanos al
Rescate. La evidencia es abrumadora en relación con el hecho de que Gerardo no
tuvo nada que ver con el derribo y que la intención de Cuba de encarar los
sobrevuelos ilegales a su territorio era consistente con el derecho
internacional.
En segundo lugar, el juicio – realizado en Miami, la ciudad
de Estados Unidos que es más hostil al gobierno cubano – fue esencialmente
injusto porque el jurado fue contaminado por la propaganda financiada por el
gobierno de Estados Unidos. Con
posterioridad al juicio, específicamente en el 2006, se descubrió que Estados
Unidos pagó a periodistas radicados en Miami para que dieran amplia cobertura
al juicio y escribieran en los medios locales de prensa, tanto escrita, radial
como televisiva, reafirmando la culpabilidad de los Cinco y promoviendo el
miedo y el prejuicio en la comunidad. Estos periodistas también acosaron a los
miembros del jurado provocando varias protestas por parte de ellos y de la
jueza.
También se incluyeron las
violaciones cometidas por el gobierno con la manipulación de las evidencias, su
falsificación y en no pocos casos su ocultamiento para obstruir la justicia.
Aspectos de carácter técnico en el ejercicio de la defensa son también
analizados.
En Octubre de 2010
Amnistía Internacional dio a conocer un Informe sobre el caso en el que
concluye que “la organización considera
que los motivos de preocupación expuestos, combinados, suscitan importantes
dudas en relación con la imparcialidad de las actuaciones que dieron lugar a su
condena, en particular el efecto perjudicial de la publicidad sobre la causa en
un jurado de Miami. Amnistía Internacional confía en que todavía sea posible
que estas cuestiones se tengan debidamente en cuenta a través de los canales
apropiados de apelación. Si el proceso legal de apelación no proporcionara
resarcimiento oportuno, y dada la extensión de las penas de cárcel impuestas y
el tiempo ya cumplido por los condenados, Amnistía Internacional apoyaría los
llamamientos para que las autoridades ejecutivas estadounidenses revisen el
caso a través del procedimiento de indulto u otros medios apropiados.”
El 25 de abril de 2011 el
Gobierno de Estados Unidos pide a la
Corte que sea rechazada la solicitud de Habeas Corpus de
Gerardo Hernández Nordelo y que no se le conceda una audiencia para analizar
sus argumentos y las supuestas pruebas presentadas contra él. El Gobierno actuó
de la misma forma en relación a las mociones presentadas por Antonio Guerrero y
René González.
El 16 de agosto de 2011 se
presentó la réplica de Gerardo a la respuesta del Gobierno, en la cual se respondieron
todos los argumentos presentados por el Gobierno y donde se presentaron también
un affidavit de Gerardo, uno de su anterior abogado Paul McKenna, que apoya los
planteamientos fundamentales que se hicieron en la solicitud de Habeas Corpus,
un affidavit de Mara Verheyden-Hilliard, directora ejecutiva de Partnership for
Civil Justice Fund, una organización con una extensa experiencia en litigación
de temas de derechos civiles en cortes federales con énfasis en los temas de la Primera y Cuarta Enmienda,
así como en los temas relacionados con la transparencia del gobierno, y
finalmente un Apéndice con la lista de los periodistas pagados por el gobierno
para que publicaran artículos perjudiciales a los Cinco durante el juicio en
Miami.
En cuanto a Antonio Guerrero,
él también presentó en agosto su réplica a la respuesta del gobierno, en la
cual se enfoca, como lo hizo Gerardo, en el uso de empleados pagados por Radio
y Televisión Martí para publicar artículos dirigidos a incitar la ira y la
hostilidad hacia Cuba y los agentes cubanos.
Ahora está en manos de la Corte de Distrito aceptar o
no estas mociones.
Los documentos que han sido presentados
por Gerardo y Antonio igualmente son pertinentes para el caso de René, Ramón y
Fernando quienes también solicitaron sus habeas corpus. Ellos presentaron sus
mociones en la segunda mitad del 2011 y utilizaron en las mismas algunos de los
argumentos explicados anteriormente.
El 7 de octubre de 2011, René
González salió de la cárcel y comenzó a cumplir su período de libertad
supervisada en territorio estadounidense, por espacio de 3 años, el cual ha
estado caracterizado por múltiples restricciones. Hasta el momento, René ha
recibido varias amenazas de muerte y su vida corre un peligro permanente debido
a que está expuesto a que grupos anticubanos atenten contra él.
A pesar de que su abogado ha
presentado en dos ocasiones una “Moción para Modificar las Condiciones de su
Libertad Supervisada”, solicitando que se le permita viajar a Cuba para cumplir
este período, la Jueza
Lenard ha rechazado tal posibilidad.
En marzo del 2012 René solicitó un
permiso para viajar a Cuba a visitar por espacio de dos semanas a su hermano
Roberto González, quien poco después falleció enfermo de cáncer. El permiso,
concedido por la Jueza Joan
Lenard, constituyó una correcta decisión, pero no significa que se haya hecho
justicia en su caso, ya que René fue obligado a regresar a Estados Unidos una
vez concluido su tiempo de permanencia en la Isla.
También en el transcurso del 2012,
los abogados de Gerardo presentaron un nuevo recurso legal como parte de su
proceso de apelación colateral: la Discovery Motion,
la cual pide una nueva audiencia oral y solicita que la Corte ordene al Gobierno
entregar documentos y otros materiales que obran en su poder y que no han sido
dados a conocer durante el proceso legal. Este recurso está basado en el
derecho que tiene el Peticionante y sus co-acusados de conocer el alcance de la
campaña de publicidad negativa contra ellos financiada por el Gobierno, con la
intención de asegurar que fueran declarados culpables.
Su propósito es obtener, mediante
interrogatorios, presentación de documentos, deposiciones y citaciones
judiciales, toda la evidencia necesaria para que sea examinada por el tribunal
en dicha audiencia y probar que las condenas deben ser anuladas.
El gobierno de Estados Unidos se
opuso a que se conceda una nueva audiencia oral a Gerardo y ahora la Jueza Lenard debe
emitir un veredicto.
