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Per la dignitat i la qualitat de l’Ensenyament Públic


La lluita social contra les polítiques neoliberals destinades a la privatització del sector públic continua. El passat dissabte 27 d’octubre va ser la comunitat educativa la que va sortir als carrers de Barcelona per demostrar el seu rebuig a les retallades del govern català i espanyol amb el lema “Per la dignitat i la qualitat de l’Ensenyament Públic”.
La manifestació unitària va ser convocada per diferents associacions d’estudiants, de mestres, i de pares i mares d’alumnes, i per les organitzacions sindicals majoritàries (el Sindicat d’Estudiants, la USTEC i les Federacions d’Ensenyament de CCOO, UGT i CGT), entre d’altres. La concentració, que va omplir la Via Laietana amb milers de persones, va anar des de la Plaça Urquinaona fins a la Plaça Sant Jaume, on es va llegir un manifest que clamava contra la política “educativa” del Ministre Wert i la Consellera Rigau. Les reivindicacions són clares: retirar les mesures aplicades sobre els centres educatius en relació a la ràtio d’alumnes per aula, a la política de substitucions i acomiadaments sobre el professorat (2.000 docents a l’atur), a la reducció de beques de menjador i de transport a l’alumnat (en uns moments en què la pobresa infantil és del 25%), al cobrament de taxes per accedir a la Formació Professional i a l’augment del cost de les matrícules universitàries, quedant cada cop més lluny de la gent amb pocs recursos econòmics.
Els diners de tothom han de servir per consolidar una Educació Pública i de qualitat, i no pas per rescatar els bancs. Aquestes retallades, que estan afectant molt negativament la qualitat dels centres públics i les condicions del seu professorat, repercuteixen especialment sobre els sectors de la classe treballadora més vulnerables social i econòmicament. Rebutjar aquesta situació: això sí que és educatiu i pedagògic.

Panrico cierra su planta en Sevilla y presenta un ERE para los 197 trabajadores fijos

Panrico ha decidido cerrar su planta de Sevilla y ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los 197 trabajadores fijos que tiene en este centro de producción, según informó el fabricante de pan de molde y bollería.

El grupo alimentario enmarca esta medida en el desarrollo de su plan estratégico, con el que pretende dotarse de unidades productivas “más optimizadas y competitivas ante la actual situación de crisis económica que afecta de forma directa a la compañía”.

Panrico, que subraya que su objetivo prioritario es “garantizar la supervivencia” del grupo y el mayor número de puestos de trabajo, explicó que la producción de la fábrica de Sevilla será absorbida por otras plantas del grupo en España.

La dirección de la empresa y los trabajadores de la planta de la capital hispalense prevén comenzar este martes a negociar el ERE extintivo, con la intención de que para el 30 de mayo esté cerrada.

11M - Manifestacions contra la Reforma laboral

Dins del procés de mobilitzacions amb motiu de la reforma laboral, CCOO hem convocat manifestacions per al proper diumenge 11 de març a diverses ciutats.

- Barcelona: 12.00 - Passeig de Gràcia - Avinguda Diagonal (Fins a Plaça de Catalunya)

- Tarragona: 12.00 - Plaça Imperial Tàrraco
- Lleida: 12.00 - Plaça Ricard Viñes
- Girona: 12.00 - Plaça de la Independència
- Tortosa: 12.00 - Plaça del Carrilet

Los trabajadores de “Público” denuncian que Mediapubli se acoge a la reforma laboral para despedir al 84% de la plantilla


Mediapubli, empresa editora de Público, pretende despedir al 84% de la plantilla del diario, según el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado el martes 28 de febrero. Así, las intenciones de la compañía, de la que son principales accionistas Jaume Roures y Tatxo Benet, son dejar en la calle a 134 de los 160 trabajadores de Público y limitar la plantilla a tan sólo 26 personas, en su mayoría con salarios muy bajos, para mantener activa la web.


Los trabajadores denuncian que, en contra de la línea editorial mantenida de forma reiterada por este diario, los propietarios no han dudado en apoyarse en la nueva reforma laboral aprobada recientemente por el gobierno del PP.

La plantilla desconoce además cuáles son los planes de la empresa para la web. En ningún momento la compañía ha facilitado un plan de viabilidad para la misma, por lo que la asamblea de trabajadores defiende que estos compañeros cuenten con los mismos derechos laborales si en un futuro próximo desaparece también la versión digital.

Los trabajadores de Público exigen además que la empresa indemnice a la plantilla de una manera justa y coherente con los principios defendidos por este diario. Además, los colaboradores llevan varios meses sin cobrar.

Dentro del compromiso con nuestros lectores, queremos dejar claro que una web con 26 personas (entre periodistas, informáticos y personal de administración) no es de ningún modo suficiente para mantener la calidad del diario en el que llevamos volcados desde septiembre de 2007.

El diario Público va más allá de una propiedad empresarial. Lo hemos creado entre todos los trabajadores (plantilla y colaboradores) que, durante casi cinco años, hemos levantado este proyecto y, hasta en las peores circunstancias y sin cobrar la nómina, lo hemos sacado adelante. Público pertenece a sus trabajadores y lectores, que son los que han creído en una manera de hacer periodismo que va más allá de ningún interés empresarial.

La hora de la verdad para el sindicalismo de clase

La propuesta de reforma laboral planteada ayer por el gobierno del Régimen de la 2ª Restauración Borbónica marca un antes y un después en la agresividad de la lucha de clases en el plano económico y arroja luz sobre la lanzas que los capataces del capital están dispuestos a romper para lograr la tan ansiada recuperación de la tasa de ganancia.

En mi opinión la reforma laboral que ha llegado tiene tres ejes:

Medidas tendentes a reducir los costes laborales e incrementar los efectivos del ejército de reserva

Aquí se ubicarían todas las medidas que buscan facilitar y abaratar el despido en las empresas, reduciendo la indemnización por despido, ampliando los casos en los que se considera que el mismo es procedente, ERE sin autorización administrativa, etc… En realidad no supone un salto cualitativo con respecto a reformas anteriores, simplemente otra vuelta de tuerca más en la dinámica conocida desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. Por eso resultan cómicas las declaraciones de los dirigentes del PSOE “denunciando” que la reforma abarata el despido.

Transferencia de rentas del trabajo al capital

En este apartado se inscriben medidas como las bonificaciones a la seguridad social para determinados supuestos, la compatibilización del cobro del paro con el salario, la persecución del fraude en el cobro del paro, etc… Tampoco esto es una novedad, sigue profundizando en aspectos ya tratados por reformas laborales de anteriores gobiernos.

Desregulación de las relaciones laborales y ataque a los sindicatos

Este es desde mi punto de vista el elemento fundamental que introduce esta reforma y que no se había tocado en las anteriores. La limitación del principio de ultraactividad de los convenios colectivos a dos años abre la puerta a desarrollos y potencialidades que antes era difícil que se produjeran, teniendo en cuanta la estructura de las relaciones laborales en el Estado y en los centros de trabajo.
La ultraactividad es el principio por el cual si en una negociación sobre un convenio colectivo no se llega a un acuerdo entre los sindicatos “representativos”[2] del sector, se mantiene vigente el convenio existente.
Si eliminamos este principio, que la reforma que nos ocupa limita a dos años, en caso de no llegar a un acuerdo en la negociación, la autoridad laboral competente (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Gobierno) sería la encargada de dictaminar, a la luz de la legislación aplicable (Estatuto de los Trabajadores). Si no se llega a un acuerdo entre patronal y sindicatos, el convenio permanece vigente hasta dos años máximo. A partir de ahí caduca y la normativa de referencia es el Estatuto de los Trabajadores.
El lector que tenga dos dedos de frente ya habrá vislumbrado el peligro que esto supone en la coyuntura actual que hay que recordar que es la siguiente:
  • Bajo nivel de movilización, organización y concienciación de la clase obrera.
  • Crisis económica de superproducción, caída de la tasa de ganancia, razones objetivas para que la patronal quiera presionar a la baja los salarios.
  • Gobierno de turno de la fracción derecha de la burguesía española (PP).
  • Cesión de soberanía en materia económica de la burguesía nacional a favor del eje franco-alemán y su proyecto imperialista (UE).
  • Apuesta de la burguesía española por la exportación.
Esto significa que la patronal en las empresas ya no necesita negociar nada, simplemente les basta con levantarse de la mesa de negociación y esperar a que venza en convenio colectivo. Van a utilizar todos los mecanismos de los que puedan echar mano para intentar rebajar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, la presión va a ser brutal y ya no será posible recurrir a la legislación del periodo anterior para protegerse. El paraguas normativo que representan los convenios colectivos tiene los días contados. Solo se mantendrán los derecho en las empresas o sectores donde las organizaciones sindicales quieran (y sobretodo puedan) movilizar de manera efectiva a los trabajadores para defender esos derechos.
Podríamos estar ante la firma del acta de defunción del sindicalismo de concertación y servicios, les guste o no a sus protagonistas.

¡Pues estupendo! ¿no?

¡No! Eso de que “cuanto peor, mejor” no se aplica en este caso, porque tenemos que tener en cuenta el grado de desmovilización y el retroceso histórico en conciencia de clase que se ha dado en España desde hace como mínimo dos décadas. El movimiento obrero que había en España al terminar la llamada Transición era el resultado de años de lucha y acumulación de fuerzas, huelgas, represión, cárcel y exilio. Además a eso tenemos que añadir una coyuntura internacional más favorable en lo económico y lo político. El periodo posterior a la segunda guerra mundial (en España se empezó con retraso) es una etapa de crecimiento y expansión que permitía a las burguesías nacionales incrementar los salarios y mejorar las condiciones laborales de forma generalizada, la economía lo permitía. Esto finaliza a finales de los 60.
Por otra parte no podemos sacar de la ecuación el factor de amenaza que suponía para la estabilidad de los países capitalistas agrupados en torno a EE.UU. la existencia de un todavía pujante (aunque con debilidades) campo socialista en torno a la URSS.
Esos factores no están presentes hoy. Lo que tenemos es la UE, el Gran Hermano, la Playstation, las ETT, etc… Sólo en el último año ha surgido, entre gran parte de la juventud una corriente que pone en cuestión el régimen existente y de forma muy tímida todavía, se trata del movimiento de los indignados.
Si nos retrotraemos más en la historia… pensemos en el periodo transcurrido entre las primeras huelgas del proletariado y las primeras conquistas sociales de envergadura. La educación gratuita generalizada fue introducida en Alemania a finales del XIX. Hubo que esperar a la década de los 40 del siglo XX para ver un sistema universal de salud en un país capitalista (Reino Unido). La primera revolución que se puede calificar de proletaria fue la Comuna de París (1871), la primera vez que el proletariado como clase toma el poder es en la Revolución de Octubre de 1917.
Un ejemplo más cercano. Grecia. El movimiento obrero griego se encontraba en el momento de la caída de la Unión Soviética (1991) en una situación similar a la de España. Han tenido que pasar 20 años de acumulación de fuerzas para que exista un movimiento sindical potente y con capacidad de cambiar las cosas. Y a pesar de todo llevan “tropecientas” huelgas generales desde que estalló la burbuja financiera.

Nota final

CC.OO. y UGT anuncian movilizaciones “ascendentes” a partir de ahora. Hay un clamor desde gran parte de la izquierda por la convocatoria de Huelga General. Estando de acuerdo en la importancia y utilidad de la huelga como arma de lucha de los trabajadores para arrancar derechos a la patronal, lo cierto es que el movimiento obrero en España no goza de la mejor salud, es preciso un programa de movilización y concienciación previo que permita acumular las fuerzas necesarias para que la huelga (o las huelgas) sea un éxito.
Por otra parte, en el seno de los sindicatos mayoritarios debe abrirse un debate sobre la situación y analizar las causas internas que nos han llevado a esta situación de debilidad. Si algo ha quedado claro desde el “giro” de Zapatero en el 2010 hasta hoy, es que los sindicatos mayoritarios no cuentan con la fuerza necesaria para responder en la calle a los ataques de la patronal y sus gobiernos. ¿Tendrán algo que ver en esto los 20 años de sindicalismo de concertación?. O dicho de otra manera, preguntas para los afiliados y cuadros de los sindicatos mayoritarios: ¿Está en mejor situación hoy la clase obrera española que en 1991? ¿Tiene más fuerza “real” (no otorgada) el sindicalismo de clase? ¿Se han cumplido las promesas de los que aseguraban que había que apostar por la concertación y el pacto social como estrategia para conseguir mejoras para los trabajadores?
Por último, sobre los sindicatos alternativos. ¿Tiene algún sentido el que unas cuantas organizaciones pequeñas pero muy combativas, algunas muy influyentes en su sector, que en general defienden las mismas propuestas sindicales, no hayan dado el paso de federarse y crear una organización estatal? ¿No permitiría esto tener una mayor presencia en el ámbito institucional? ¿No serviría esto para presionar hacia la izquierda a los sindicatos mayoritarios?

El Gobierno aprueba un despido más barato para todos los trabajadores

Si la grandilocuencia con que el Gobierno ha presentado la nueva reforma laboral tiene algo que ver con su eficacia, hay motivos para sentirse optimista. "Va a marcar un antes y un después", decía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santarmaría. Es una reforma "histórica", añadía la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Además de la retórica, el Gobierno ha comenzado a concretar en qué consistirá esta reforma laboral "equilibrada", según Báñez, "extremadamente agresiva", según el ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos.
La reforma laboral que, según reconoció el propio Mariano Rajoy en Bruselas, le va a costar al Gobierno "una huelga general" y que va a ser tramitada como un decreto ley, contempla el abaratamiento del despido mediante la rebaja de la indemnización de los 45 días actuales —con un límite de 42 mensualidades a los 33 días hasta un máximo de 24 mensualidades. En el caso de que el despido sea procedente recibirán una indemnización de 20 días durante un máximo de un año.
Esa cifra es precisamente la clave de la reforma. Porque, a partir de ahora, las empresas tendrán mucho más fácil acogerse a los despidos procedentes —20 días en vez de los nuevos 33—, ya que les bastará con demostrar que sus ingresos o ventas han caído durante tres trimestres consecutivos. La mayoría de las empresas españolas atravesaron por esta situación en España durante el año pasado. Peor aún: el despido de 33 días lo tendrá que defender el trabajador ante el juez porque, a priori, la indemnización será de 20 días por año trabajado.
Las empresas tendrán mucho más sencillo acogerse a los despidos de 20 días
"Objetivaremos mucho más las causas de despido. Eso trae más seguridad jurídica para todo", ha declarado la ministra Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, quien ha aclarado que "se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, reducción persistente de su nivel de ingresos o ventas (...) se entenderá que la reducción es persistente cuando se produzca durante tres trimestres consecutivos", ha señalado Báñez.
La rebaja del coste del despido no tendrá efectos retroactivos, pero los trabajadores en activo comenzarán a computar 33 días de indemnización por año trabajado a partir de la publicación del Real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, a partir del 31 de diciembre de 2012 no se podrán encadenar contratos temporales más allá de 24 meses.
Los desempleados deberán realizar trabajos sociales para la comunidad

Trabajos sociales

El Gobierno también ha avanzado que uno de los puntos centrales de la nueva reforma laboral consiste en que los desempleados que estén cobrando una prestación por desempleo tendrán que realizar "un trabajo social para la comunidad". Asimismo, la prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años, con lo que se pone límite a la denominada "ultraactividad", que permitía el alargamiento prácticamente indefinido de los convenios, ha señalado Báñez.

Creación de empleo, periodo de prueba de un año

Entre las novedades también figura un contrato indefinido con un periodo de prueba de un año para emprendedores y empresas de menos de 50 trabajadores, es decir, pymes. Se reorientarán las bonificaciones para apoyar más a jóvenes y parados de larga duración. Habrá bonificaciones de hasta 3.600 euros para contratar a menores de treinta años y 4.500 euros por contratar a parados de larga duración.
Además, se ofrecerá una deducción fiscal de 3.000 euros para empresas de menos de 50 trabajadores en la contratación del primer trabajador de menos de 30 años. Esta ayuda permite que ese trabajador al que saquen del desempleo podrá seguir cobrando el 25% de su prestación. Además, el Estado ofrecerá al empresario una deducción por un año del 50% de lo que recibía el parado por desempleo.
Se creará un contrato estable a tiempo parcial para facilitar la contratación de los jóvenes o personas que, por ejemplo, tengan que cuidar de un familiar. No obstante, Báñez recalcó que se tratará de una vinculación laboral estable, sin especificar a qué se refiere con este adjetivo.
Una medida que también afectará en particular a los trabajadores más jóvenes, es que se acaba, a partir del 31 de diciembre de 2012, con la posibilidad de encadenar contratos temporales más allá de los 24 meses. 

Más poder para los empresarios

A partir de ahora, los empresarios tendrán la posibilidad de no respetar los acuerdos alcanzados durante la negociación colectiva. Esto es, en opinión del Gobierno, una manera de lograr que haya una mayor flexibilidad interna y que en caso de crisis se opte por adaptarse a las circunstancias en lugar de optar por el despido. Esta flexibilidad afectaría a sueldos u otros derechos de los trabajadores.
Además, los empresarios no necesitarán la autorización previa de la Administración para llevar a cabo un ERE. En esa situación, a los trabajadores ya solo les podrá proteger un juez.

Colocación y fraude

La reforma laboral también contempla que las empresas de trabajo temporal puedan trabajar como agencias de colocación y se aplicarán modificaciones en el contrato para la formación y el aprendizaje: se mantendrá en los 30 años hasta que la tasa de paro baje al 15%, cuando sólo incluirá a aquellos que tengan hasta 25 años. "El trabajador podrá formarse en su propia empresa, como en Alemania", ha detallado  la ministra de Trabajo, Fátima Báñez.
Los servicios públicos de empleo solo colocan al 3% de los parados
Báñez, como ya había hecho a lo largo de la semana, volvió a recordar que los servicios públicos de empleo solo colocan al 3% de los parados que buscan su ayuda. "Cuando esto sucede, algo falla", afirmó. Para mejorar esa cifra, se buscará la experiencia en la materia de empresas privadas. Harán que las empresas de trabajo temporal funcionen como agencias de colocación.
La norma presentada en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de hoy también tienen la intención de combatir el fraude en el cobro de derechos por desempleo y de luchar contra el absentismo laboral. Báñez aseguró que "no se van a rebajar las prestaciones, pero sí van a evitar situaciones de fraude". Para lograrlo impulsarán las inspecciones de trabajo y se buscarán fórmulas para que los desempleados que están cobrando una prestación de desempleo puedan realizar trabajos en beneficio de la comunidad.
Respecto al control del absentismo, se va a desvincular el absentismo individual del trabajador de la media de la plantilla y se buscará el apoyo de las mutuas. La forma en que se concretará ese apoyo quedará recogida en una futura ley de mutuas.
Las empresas de trabajo temporal puedan trabajar como agencias de colocación 
Además la nueva reforma laboral marca una limitación para indemnizar a los directivos de bancos , que recibirán un máximo de dos años de retribución. Si ha habido expediente disciplinario no tendrá derecho a la indemnización. "También se busca dar un trato legal adecuado a los ceses de los directivos de las empresas públicas", ha añadido Sáenz de Santamaría. Las indemnizaciones no podrán superar la menor de las siguientes cuantías: dos años de remuneración fija o dos veces las bases máximas resultantes de los límites fijados por el Gobierno la semana pasada.

Formación

La nueva ley pretende cambiar el esquema de la formación profesional para vincular formación profesional a la empresa y para que se aplique a lo largo de toda la vida del trabajador. La forma de concretar esta filosofía será poner en marcha una cuenta de formación en la que se registrará la formación que hace un trabajador durante su vida laboral. El trabajador tendrá derecho a 20 horas de formación al año pagadas por el empresario.
Por último, se realizará una ley de formación profesional en la que se recogerán estos y otros cambios y que se consensuarán con los sindicatos.