Este artículo muestra la
subfinanciación del Estado del Bienestar español, documentando que los
partidos conservadores y liberales han sido las fuerzas políticas más
favorables al recorte de impuestos de las rentas superiores y de la
reducción del gasto público social, tanto en términos absolutos como en
términos proporcionales.
Una de las características más
llamativas del Estado del bienestar español es su escasa financiación,
lo cual explica su escaso desarrollo. Según los últimos datos
disponibles de Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea,
España tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15
(el grupo de países de semejante desarrollo económico al español). Un
tanto semejante ocurre si se escoge otro indicador: el gasto público
social como porcentaje del PIB. España tiene el porcentaje más bajo de
la UE-15.
Como consecuencia de ello, los servicios
públicos del Estado del bienestar (tales como sanidad, educación,
servicios domiciliarios a las personas con dependencia, escuelas de
infancia, servicios sociales, vivienda social, entre otros) están muy
poco desarrollados. Sólo una persona adulta de cada diez trabaja en
España en tales servicios. En Suecia, el país que tiene un Estado del
bienestar más desarrollado, es una de cada cuatro. De nuevo, España es
el país que tiene proporcionalmente menos personas trabajando en tales
servicios públicos de toda la UE-15.
Estos datos señalan la falsedad del
argumento sostenido por economistas y políticos conservadores y
neoliberales de que el Estado del bienestar español está hipertrofiado, o
que es más extenso de lo que el país puede permitirse (tal como acentuó
recientemente Mariano Rajoy, candidato del PP a la presidencia del
Gobierno).
En realidad, España se gasta en el
Estado del bienestar mucho menos de lo que debería gastarse por su nivel
de riqueza. España, cuyo PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita
promedio de la UE-15, se gasta en su Estado del bienestar sólo el 74%
de lo que se gasta el promedio de la UE-15. Si se gastara el mismo
porcentaje, el Estado del bienestar español recibiría 66.000 millones de
euros más de lo que se gasta ahora. Es una falsedad, por lo tanto,
indicar que nos gastamos más en el Estado del bienestar de lo que
podemos permitirnos. El país tiene recursos. Lo que ocurre es que el
Estado no los recoge, y ello es resultado de que la mayoría de las
rentas superiores no contribuyen al Estado en los mismos porcentajes que
sus homólogos en la mayoría de países de la UE-15. Su contribución
fiscal real (y no nominal) es mucho menor de la existente para estos
grupos de renta en los países del centro y norte de Europa. El fraude
fiscal es mucho menor en estos países que en España (y en los otros
países del Sur de Europa, como Grecia, Portugal e Italia, que, no por
casualidad, son los países de la eurozona que tienen mayores
dificultades en pagar su deuda pública).
Tal fraude fiscal se concentra en los
sectores más pudientes. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del
Estado español, el 71% del fraude fiscal lo realizan las grandes
fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros
al año (que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), y la
banca, alcanzando la enorme cifra de 44.000 millones de euros al año,
que, en caso de que se recogieran por el Estado y se gastaran en su
Estado del bienestar, reducirían dos tercios del déficit de gasto. No es
pues que no nos podamos pagar el escasamente financiado Estado del
bienestar, sino que el Estado no ha hecho lo que debería, es decir,
enfrentarse con estos poderes fácticos y grupos sociales minoritarios
para recoger lo que el país requiere.
A lo largo de nuestra historia, las
opciones conservadoras y neoliberales han sido las más tolerantes con el
fraude fiscal. El número de inspectores de Hacienda disminuyó durante
la época de Gobierno dirigido por el Partido Popular, bajo la
presidencia de José María Aznar, el cual había reconocido que “en España
los ricos no pagan impuestos”. Pero ha sido también este partido el que
ha bajado más los impuestos de estas rentas superiores, lo cual se
acentuará todavía más en caso de que gobierne de nuevo. Los ingresos al
Estado (central, autonómico y municipal), que son los más bajos de la
UE-15 (sólo un 34% comprado con un 44% en el promedio de la UE-15, y un
54% en Suecia), bajarán todavía más, con la consiguiente reducción del
gasto social.
Esto ocurrió ya en el periodo 1996-2004
en España, cuando la diferencia de gasto público social por habitante
entre España y el promedio de la UE-15 aumentó un 17,2%. Fue durante el
Gobierno socialista, aliado con otras fuerzas a su izquierda, IU,
ICV-EA, ERC y BNG, en el periodo 2004-2008, que el gasto público social
aumentó notablemente, reduciéndose el déficit público social con la
UE-15 un 17,5%. Este déficit se vio aumentado de nuevo en el periodo
2008-2010, en gran parte resultado de los recortes a nivel central y
autonómico. En realidad, tales recortes han sido más acentuados en
Catalunya (gobernada por CiU) y Madrid (gobernada por el PP) que en las
otras comunidades autónomas. En ambas comunidades la reducción del
déficit se ha basado más en los recortes (llamados ajustes en las
comunidades gobernadas por el PP) que en el aumento de los impuestos.
Cada uno de los recortes podría haberse
evitado si los impuestos de las rentas superiores se hubieran aumentado
sin afectar los impuestos de la mayoría de las clases populares. En
lugar de recortar el gasto sanitario (6.000 millones de euros), podría
haberse mantenido el impuesto de patrimonio (2.100 millones), evitado la
reducción del de sucesiones (2.552 millones) y eliminado la rebaja de
impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año
(2.500 millones). En lugar de recortar 600 millones en los servicios de
dependencia, podría haberse anulado la bajada de Impuestos de Sociedades
de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al
año (5.300 millones), y así ítem por ítem. La mayoría de estos recortes
fiscales se hicieron con la aprobación, además del partido gobernante,
de los partidos conservadores y liberales (PP y CiU), partidos que ahora
señalan que no hay recursos para financiar el Estado del bienestar.
Fuente: http://www.vnavarro.org/?p=6484
