En confluencia con organizaciones como Attac, el trabajo de IU,
presentado como proposición no de ley, lleva la firma del portavoz de IU
en las Comisiones de Economía y Hacienda del Congreso, Alberto Garzón, y ha sido realizado en colaboración con la secretaría federal que se ocupa de estos mismos temas y cuyo responsable es José Antonio García Rubio. En él se recogen iniciativas de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y de diferentes Asambleas del 15M.
Con ella, se enfrentan “con alternativas concretas, serias y
realizables” a la propuesta sobre esta misma materia que ayer aprobó el
Consejo de Ministros.
Entre sus puntos más significativos está la creación de un polo de Banca Pública a partir de la nacionalización de las cajas de ahorro, así como la ampliación del papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la concesión de créditos.
Izquierda Unida parte del hecho de que “la banca privada no cumple su
papel de intermediación entre el ahorro y el crédito, pese a los 141.000 millones de euros recibidos en ayudas y avales públicos, a las facilidades crediticias abiertas a tres años por el Banco Central Europeo (BCE), a la nueva línea de avales por importe de 100.000 millones de euros aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y a las nuevas ayudas del FROB anunciadas”.
“El crédito –se explica- sigue sin llegar a las empresas y las
familias y, con ello, no existen estímulos para la economía lo que
origina destrucción de empleos y recesión económica”.
Izquierda Unida, pionera en lanzar este tipo de propuestas ya desde
el comienzo mismo de la crisis en la pasada legislatura, espera contar
en el debate parlamentario de la misma con el apoyo de otras fuerzas que
mucho tiempo después han visto las grandes posibilidades que supone
para enfrentar la grave situación económica. Entre ellas se encuentran
desde CiU, a Coalición Canaria, pasando por los documentos congresuales
del PSOE que apuntan a una iniciativa similar. Otras fuerzas de
izquierda como el BNG han mostrado posiciones coincidentes.
La proposición insiste también en la necesidad de que las ayudas que
se prestan a los bancos tengan una contrapartida concreta y explícita en
el aumento del crédito a las pequeñas empresas, autónomos y familias,
así como que el Estado ejerza los derechos políticos en todas y cada
una de las instituciones que reciban ayudas de capital público, bajo una
u otra forma.
Las características de la nacionalización de las cajas de
ahorro, los SIP constituidos y sus bancos participados serían las
siguientes:
a) La propiedad sería pública, pudiéndose respetar las actuales
participaciones privadas de capital, desprovistas de derechos políticos y
sin que éstas puedan aumentar.
b) El riesgo estaría mutualizado, mediante una institución tipo SIP.
c) Debe asegurarse la gestión y el control democráticos, mediante la
correspondiente participación de electos locales y autonómicos,
representantes de los trabajadores y de los impositores que rendirán
pública y regularmente cuentas, en un lenguaje asequible ante las
distintas instituciones públicas. Así mismo, se establecerán mecanismos
independientes de control, contrapesos de gestión y de exigencia de
responsabilidades administrativas y penales, en su caso, a los gestores.
d) El control económico de las entidades nacionalizadas deberán ser
incluido dentro de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
e) Sus objetivos económicos deben ser la concesión de crédito a
proyectos públicos, empresas, con prioridad a las pequeñas, y a los
autónomos, especialmente en proyectos vinculados a la creación de
empleo. Deben estar territorializadas, garantizándose un porcentaje
mínimo de crédito en función de los depósitos en cada territorio.
f) En el marco de esa territorialización, respetar las competencias
de las comunidades autónomas en materia de control y regulación de las
cajas de ahorros, sin perjuicio de que el sistema de cajas pueda
articularse de forma mutualizada o mancomunada. Incorporar de manera
inmediata a las comunidades en los espacios de toma de decisiones de la
reforma del sistema financiero, atendiendo al principio de lealtad
institucional, garantizando procesos transparentes y públicos.
g) Deben tener prohibida cualquier actividad especulativa, limitadas
las operaciones con derivados, y sin posibilidad de operar desde y hacia
paraísos fiscales.
h) Proteger la Obra Social de las cajas y su contribución al bienestar colectivo.
i) Garantizar la conservación del empleo existente en el conjunto del sistema.
j) El parque de viviendas actualmente en su poder deberá ser
traspasado a una Agencia Gestora de Vivienda Pública en Alquiler,
dependiente del SIP, y constituir una oferta pública de vivienda en
alquiler moderado.
El polo de Banca Pública se configuraría también con el despliegue en
el territorio del Instituto de Crédito Oficial, el desarrollo de las
Agencias Públicas de Inversión de las CC.AA. y la recuperación de las
fichas y la actividad de algunos bancos que formaron parte de la Banca
Pública española en su día y de la Caja Postal.
La propuesta incluye medidas de regulación de la operativa de la
banca privada y el control y limitación de las retribuciones de sus
directivos. Finalmente, se propone un cambio en la legislación del Banco
de España y exige la dimisión del gobernador del mismo.