Los ministerios de Interior y Justicia impulsarán una reforma legal
para que el castigo a los que participan en actos vandálicos sea
equiparado al terrorismo, lo que supondrá elevar las penas mínimas de
cárcel a dos años, pudiendo los jueces decretar la prisión provisional
si lo ven conveniente.
Según ha confirmado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, la
principal medida consistirá en que los que sean considerados culpables
de actos de vandalismo recibirán el tratamiento penal que durante años
se ha otorgado al terrorismo callejero de la ‘kale borroka’, una medida
sugerida el pasado viernes por el líder del PP en el Ayuntamiento de
Barcelona, Alberto Fernández Díaz, tras los disturbios en la ciudad el
día de la huelga contra la reforma laboral. Testigos de las cargas
denunciaron agresiones indiscriminadas contra los asistentes, entre los
que se encontraban familias y personas de todas las edades.
También el propio titular de Interior anticipó la reforma con ocasión
de la respuesta contra los estudiantes del instituto valenciano de
Lluís Vives, que, al protestar contra las consecuencias de los recortes
en su centro de estudios, se toparon con una dura represión policial.
Entonces, cuando el PP justificó la actuación de los agentes e incluso
acusó al PSOE de orquestar las manifestaciones en Valencia, Fernández
Díaz mostró su intención de endurecer las penas para la desobediencia y
resistencia a la autoridad.
Los dos ministerios llevan trabajando desde hace más de un mes en una
reforma del Código Penal para que las fuerzas de seguridad puedan
contar con instrumentos jurídicos “más eficaces en la lucha contra la
guerrilla urbana o en fenómenos como la multirreincidencia”, cuenta el
ministro al diario catalán.
Por ello Fernández Díaz justifica su medida en que “Barcelona no se
puede convertir en la capital antisistema de Europa” y advierte de que
trabajará para “que no lo sea”. El proyecto de cambio del Código Penal
pretende estar listo y aprobado por el Consejo de Ministros antes del
verano.
