El consejero de Interior, el ultra Felip Puig, se ha fijado como
prioridad luchar contra la violencia callejera con todas las
herramientas posibles, y entre otras herramientas propone la restricción
deñ derecho de reunión y de seguridad ciudadana, regulados por leyes
orgánicas, para que se aborde “la problemática de la ocultación de
identidad” y la “posesión de materiales peligrosos en concentraciones”.
Algo que criticaron todos los partidos políticos, excepto el Partido
Popular.
Puig dijo que hay que luchar contra la “guerrilla urbana” y aseguró
que ya trabaja en una ley del espacio público que sancionará a las
personas que acudan a las manifestaciones tapadas, de forma que no se
las puede identificar. La medida afectará igualmente al espacio público y
a prendas como el niqab y el burka.
Asimismo, el titular de Interior anunció que ha pedido a la fiscal
jefe de Cataluña, Teresa Compte, un fiscal especializado en temas de
violencia urbana y una circular que unifique los criterios de actuación
del ministerio público. De esa forma, Puig espera conseguir una mayor
contundencia contra los que protagonizan altercados y “potenciar la
prisión provisional” para los vándalos. Los disturbios del jueves se
saldaron con 80 heridos (6 de gravedad, con rotura de bazo, contusiones
pulmonares y afectaciones oculares por las pelotas de goma que lanzaron
los Mossos d’Esquadra), 79 detenidos (cuatro de ellos han ingresado en
prisión) y daños que superan el medio millón de euros en Barcelona.
