El diputado Joan Josep Nuet presentó una enmienda transaccional que
encontró apoyo en el PSOE y en las minorías de Amaiur, ERC y UPyD,
aunque en el caso del partido de Rosa Díez, con matices, a través de la
cual se revisaba el plazo para adaptar los beneficios fiscales de tal manera que la Iglesia empezara a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
El Grupo Popular rechazó ayer en la Comisión Constitucional del
Congreso la iniciativa de Izquierda Unida que perseguía poner fin a los privilegios económicos de los que sigue disfrutando la Iglesia Católica en nuestro país y abrir el camino para la autofinanciación de esta confesión religiosa.
El diputado de IU y portavoz en esta Comisión Constitucional, Joan
Josep Nuet, fue el encargado de defender la proposición no de ley de
esta formación. Nuet presentó, a su vez, un texto transaccional para
recoger las enmiendas presentadas por los grupos Socialista y Mixto, que
finalmente apoyaron la iniciativa.
El texto transado por el parlamentario catalán de IU recogía los
siguientes puntos por los que el Congreso instaba al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las medidas oportunas para establecer un calendario con un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia Católica.
2. Revisar en ese plazo de adaptación los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia Católica con el objetivo de su homologación al sistema general, en particular, en lo que respecta a las exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
3. Revisar en ese plazo de adaptación el sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En una tendencia a su progresiva desaparición.
4. Recortar en un 20% la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, con la finalidad de que la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis.
Durante su intervención, Nuet explicó que esta iniciativa se presenta “en
un contexto de crisis” y también por la “evidencia real” que supone
conocer que “la Iglesia Católica española es una de las grandes
propietarias de inmuebles de todo tipo, acumulados durante una larga
historia en nuestro país y, por tanto, una realidad que podríamos decir
que está sobre la mesa de miles y miles de municipios de nuestro
país”.
Recordó que “estas propiedades no pagan impuestos, entre ellos el
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En un contexto de crisis las
administraciones públicas están colocando sobre la mesa el debate de
esta exigencia tributaria” con la Iglesia.
Algunas ciudades ya han anunciado su intención de reclamar a la
Iglesia el pago del IBI, lo que, según el presidente de la Conferencia
Episcopal, Antonio María Rouco Varela, podría afectar a su actividad e
iría en detrimento de otras acciones. Ayuntamientos como el de Madrid ya
han anunciado, sin embargo, que no reclamarán ese impuesto a la
iglesia, "aunque pudieran", como ha manifestado la alcaldesa Ana
Botella.
Argumentó Nuet que “si no hacemos este debate ahora, sino lo
abordamos por la puerta nos va a entrar por la ventana. Por tanto, lo
mejor es coger el toro por los cuernos, analizar el debate, dialogar con
esta iglesia propietaria y llegar a acuerdos entre las administraciones
públicas y la Iglesia Católica de nuestro país”.